¿Cómo funciona la ley general de discapacidad (Lismi)?

Blog

¿Cómo funciona la ley general de discapacidad (Lismi)?

La igualdad de derechos es uno de esos ideales en los que tú, yo y cualquiera podemos estar siempre de acuerdo. La pregunta fundamental es cómo conseguirla. En el terreno de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que es el que te vamos a exponer en este artículo, ha habido una serie de propuestas para fomentar la integración desde el ámbito legislativo.

Qué es la LISMI

La conocida como ley LISMI nació en 1982 para dar cobertura legislativa a la integración social y laboral de las personas discapacitadas en España. Era de aplicación obligatoria tanto para empresas privadas como públicas: siempre que contaran con al menos 50 trabajadores, la compañía o el organismo estatal debía tener, entre su personal laboral contratado, a un 2 % de trabajadores a los que se le hubiera reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 %.

La creación de la ley LISMI fue la culminación de un camino hacia la igualdad (al menos en el plano legal, aún no en la práctica) iniciado por la Constitución Española de 1978. En concreto, en su artículo 49, que implicó un primer e importantísimo paso para la inclusión social de las personas minusválidas (término que quizás no te resulte muy adecuado; por eso sería sustituido más tarde).

La Constitución mandaba a los poderes públicos a garantizar políticas de cuidados, tratamientos, rehabilitación e integración del discapacitado físico, sensorial o psíquico, dándoles la atención personalizada que se requiera en cada caso. El gran objetivo del artículo, así como de la Ley de 1982, era que este grupo de ciudadanos pudiera ejercer los mismos derechos fundamentales y sociales que el resto de las personas. Entre ellos, el derecho al trabajo que recoge en su artículo 35 la norma magna. En el mismo sentido, la ley se basó en la idea de fomentar la realización personal e integración en la comunidad de las personas discapacitadas.

Aplicaciones normativas

Posteriormente, se vio necesario realizar un plan (en 1997) y un real decreto (en 2000) para impulsar el cumplimiento de las obligaciones que marcaba la ley. ¡Parece que sale gratis incumplir la ley cuando se trata de garantizar la igualdad!

El Real Decreto de 2013

La Ley General de Discapacidad es la unión en un único texto de las tres normas hasta entonces vigentes: la LISMI, la LIONDAU de 2003 y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007). En cuanto a integración laboral, las disposiciones se mantienen igual, excepto por modificaciones de términos como eliminar la palabra “minusválido” y cambiar “inserción” e “integración” por “inclusión”. Quizás sea poca cosa para justificar una nueva ley, ¿no crees?

Excepciones y alternativas

Las empresas pueden alegar causas objetivas que les impidan cumplir con sus obligaciones sobre trabajadores discapacitados. ¡Vaya una sorpresa! Además, es legal acogerse a medidas alternativas, como la donación a entidades sin ánimo de lucro que luchen por la inserción de discapacitados o la firma de contratos con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo que tenga reconocida una discapacidad.